Fernando Quiroz
El autor es periodista
El estudio “Feminicidios en República Dominicana: Radiografía de la violencia feminicida 2016-2024, elaborado por Flor Esmirna Batista Polo y presentado por FUNGLODE, registra 706 feminicidios en el país en ese periodo.
La violencia se concentró en la madrugada y la noche, con picos los domingos, martes y miércoles.
Entre el 2016 y 2024, la violencia feminicida en República Dominicana dejó 1,072 víctimas invisibles: niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre, a su padre o a ambos.
Los datos corresponden al estudio “Feminicidios en República Dominicana: Radiografía de la violencia feminicida 2016-2024”, elaborado por Flor Esmirna Batista Polo y presentado por FUNGLODE y el Observatorio Político Dominicano (OPD).
Para confirmar la magnitud del trauma social, la investigación detalla que 524 hijos corresponden a las mujeres asesinadas, 418 a los agresores y 130 en común, quedando atrapados en un limbo emocional, económico y legal.
Más de la mitad de los casos ocurrieron dentro del hogar; el 37 % fueron cometidos con armas blancas y uno de cada cuatro derivó en feminicidio-suicidio.
Este trabajo, presentado en el auditorio de Funglode, este miércoles, con la presencia del ex presidente Leonel Fernández, ofrece un análisis estructurado sobre el comportamiento de los feminicidios en el país.
Solo en 2024, 77 menores de edad quedaron huérfanos tras los 73 feminicidios registrados en ese año, de los cuales aproximadamente el 89 % fueron clasificados como íntimos. Esto reafirma que la mayoría de los crímenes ocurren en relaciones de pareja o expareja.
Los datos revelan patrones que casi un tercio de los asesinatos ocurrió en horas de la noche (29 %), mientras que un 16 % se registró de madrugada, reforzando el patrón de violencia dentro del hogar. Los días de mayor incidencia fueron domingo, martes y miércoles.
Las estadísticas del 2024 indican que las víctimas dejaron un total de 77 hijos e hijas en orfandad, mientras que los 74 victimarios -hombres de 20 a 70 años- dejaron 35 menores sin tutela paternal.
En el período 2016–2024, 88 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en el país. En menores de 13 años predominaron métodos como asfixia, estrangulación y golpizas, casi siempre cometidos por padres o padrastros.
En las jóvenes de 14 a 17 años, las armas blancas, de fuego y las agresiones físicas fueron el patrón, esta vez ejecutadas por parejas o exparejas.
Este reporte confirma los principales hallazgos de la investigación “SOS para salvar vidas de Mujeres”, de Aplatanao News, que arroja 1,802 feminicidios en el periodo 2005-2025.
En 8 años: 706 feminicidios
El estudio informa que entre 2016 y 2024 se registraron 706 feminicidios en República Dominicana. La distribución por grupos etarios muestra que el rango más afectado es el de 26 a 36 años, seguido por mujeres entre 15 y 25 años y 29 a 39 años, lo que evidencia que las mujeres jóvenes y adultas tempranas continúan siendo las principales víctimas.
Los datos muestran que los agresores abarcan un amplio margen de edades, con mayor concentración entre los 18 y 28 años (149 casos) y los 29 a 39 años (182).
Les siguen los de 40 a 50 años (140) y los de 51 a 61 años (59). También se contabilizan victimarios mayores, incluyendo 18 hombres entre 62 y 72 años y un caso entre 73 y 83 años. El estudio incluye 203 agresores no identificados, lo que refleja vacíos importantes en la investigación judicial y policial.
El estudio del OPD-Funglode registra picos significativos en 2016 (110 casos) y 2017 (113), seguidos de una disminución parcial en años posteriores, con el punto más bajo en 2022 (64 casos). Sin embargo, la tendencia vuelve a repuntar en 2023 (78) y se mantiene elevada en 2024 (73).
El análisis confirma que, aunque algunos años presentan descensos, el fenómeno no experimenta un control estable y continúa siendo una amenaza estructural para las mujeres en República Dominicana.
La ruta roja
Conforme a la investigación, el mapa nacional de feminicidios dibuja una “ruta roja” que concentra la mayor cantidad de casos en el Gran Santo Domingo, con un acumulado de 160 feminicidios en los citados 8 años.
Le siguen Santiago con 71, San Cristóbal con 41 y La Altagracia con 43 casos. En contraste, provincias como Pedernales (1 caso), Independencia (4) y Bahoruco (5) registran los números más bajos.
La concentración urbana corrobora que los feminicidios son un fenómeno intensificado en territorios con mayor densidad poblacional, presión económica y desigualdad.
Las armas utilizadas
La investigación muestra que el tipo de arma determina no solo la letalidad del feminicidio, sino también el comportamiento final del agresor.
En los ocho años estudiados, las armas blancas estuvieron involucradas en 289 casos, con víctimas desde los 2 hasta los 88 años. El 84 % correspondió a feminicidios íntimos y en el 20 % el agresor se quitó la vida después.
En contraste, las armas de fuego fueron utilizadas en 261 asesinatos, con un perfil más marcado hacia la violencia extrema: 87 % íntimos y una alarmante tasa de 48 % de suicidio posterior. La presencia de armas de fuego duplica la probabilidad de un crimen seguido de suicidio.
Perfil laboral: predomina uso de la fuerza
El estudio registra diversas ocupaciones presentes en los casos analizados, confirmando que el feminicidio afecta a mujeres de todos los sectores sociales, incluidas estudiantes, trabajadoras formales, independientes y profesionales. La distribución laboral de los victimarios evidencia la presencia constante de hombres entrenados en el uso de la fuerza o expuestos a entornos de alto estrés.
Específicamente revela que el grupo más numeroso corresponde a mujeres sin datos documentados (102 casos), seguido por estudiantes (93), amas de casa (48), empleadas privadas (35) y otras ocupaciones no especificadas (31).
Les siguen comerciantes y empresarias (25), empleadas domésticas (19), ocupaciones del hogar no remuneradas (18), empleadas gubernamentales (18) y profesionales (13).
Otras áreas presentes son trabajadoras comerciales (13), personal del sector salud (12), miembros de instituciones castrenses o militares (9), administrativas y contables (6) y abogadas (5).
En cuanto a los agresores, el documento muestra una concentración marcada en sectores vinculados al trabajo físico, la movilidad y las fuerzas de seguridad. El renglón más numeroso lo ocupan los miembros de instituciones castrenses o militares (65 casos), seguido por comerciantes y empresarios (33) y transportistas o choferes (30).
También se registran empleados privados (24), guardias privados (24), personas en servicios técnicos y eléctricos (23), además de obreros y albañiles (22) y estudiantes (12).
En menor proporción aparecen empleados gubernamentales (9), así como abogados (5), psicólogos (5) y profesores (4).
El hogar: el lugar más peligroso para las mujeres
Entre 2016 y 2024, la mayoría de los feminicidios ocurrió dentro del hogar, y solo en 2024 se contabilizaron 38 asesinatos en residencias. Estos espacios, donde se supone que habita la protección, se convierten en escenarios de terror. A esto se suman los 18 feminicidios-suicidios del mismo año, que confirman la tendencia de agresores que buscan cerrar el ciclo violento con su propia muerte, dejando atrás familias desmembradas.
Un continente en emergencia
En América Latina y el Caribe, entre 2016 y 2024, se documentaron 43,361 feminicidios. Diez países concentran el 89 % de los casos, encabezados por Brasil y México.
Mientras tanto, países como República Dominicana y Puerto Rico han avanzado en reconocimiento legal, otros como Costa Rica exploran figuras ampliadas, y naciones como Brasil, El Salvador, Colombia y Bolivia han optado por el endurecimiento penal y la imprescriptibilidad. La región experimentó picos en 2018, 2020 y 2021, ratificando que la violencia de género es un fenómeno continental y en ascenso.
Recomendaciones: la ruta técnica hacia la prevención
El estudio plantea la necesidad de una reforma multisectorial que incluya talleres obligatorios de violencia de género y gestión emocional en las escuelas, protocolos interinstitucionales especializados, capacitación intensiva para policías, fiscales, jueces y forenses.
Asimismo, la creación de un sistema nacional georreferenciado de predicción de riesgos, la implementación de botones de seguridad y alertas de proximidad, y programas focalizados para los grupos en mayor vulnerabilidad. La investigación deja claro que, sin estas medidas, la tendencia no cambiará.