Redacción elDigital.com.do
Para la República Dominicana, la paralización electoral en Haití no es un asunto de política exterior ajeno, sino una crisis de seguridad nacional de primer orden. La sociedad y el Estado dominicano evalúan el proceso bajo tres ejes fundamentales: fatiga y escepticismo ante la comunidad internacional, presión migratoria y seguridad fronteriza e impacto económico y comercial.
Haití ha vuelto a confirmar que su crisis institucional no encuentra fondo. El Consejo Electoral Provisional (CEP) de la vecina nación formalizó la suspensión indefinida de las elecciones presidenciales y legislativas que estaban previstas para el 13 de diciembre de 2026.
Con este nuevo aplazamiento —el tercero consecutivo en el marco de la actual transición—, el país prolonga una década exacta sin acudir a las urnas, consolidando un vacío de legitimidad democrática que repercute de forma directa y alarmante en la República Dominicana.
El congelamiento indefinido de las urnas en Haití confirma que el voto es una consecuencia de la inestabilidad, no su causa.
Desde el asesinato de Jovenel Moïse, Haití cayó en una anomalía constitucional absoluta: no tiene presidente electo, no tiene senadores, no tiene diputados ni alcaldes en funciones. El poder pasó por gobiernos interinos autodesignados y consejos de transición incapaces de pacificar el territorio.
Para la República Dominicana, la paralización electoral en Haití no es un asunto de política exterior ajeno, sino una crisis de seguridad nacional de primer orden. La sociedad y el Estado dominicano evalúan el proceso bajo tres ejes fundamentales: fatiga y escepticismo ante la comunidad internacional, presión migratoria y seguridad fronteriza e impacto económico y comercial.
elDigital.com.do explica las razones de este colapso electoral, su trasfondo histórico y la perspectiva dominicana ante una crisis que desborda las fronteras.
La suspensión de las primeras fases del proceso electoral e inscripciones responde a una cruda realidad: es materialmente imposible organizar un proceso democrático en un Estado fallido controlado por el crimen organizado.
Los grupos criminales armados dominan más del 90% de la capital, Puerto Príncipe, así como regiones agrícolas clave como el valle de Artibonite. Sin control del territorio, el CEP no puede desplegar material electoral, capacitar personal, ni habilitar centros de votación seguros.
La Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por la ONU ha avanzado a cuentagotas debido a graves retrasos logísticos y falta de financiamiento de la comunidad internacional. Con poco más de un centenar de efectivos sobre el terreno frente a los miles prometidos, la capacidad de fuego de las bandas sigue intacta.
Cerca de 1.5 millones de haitianos se encuentran desplazados internos huyendo de la violencia, lo que destruye cualquier intento de estructurar un padrón electoral confiable y depurado.
Tras la disolución fáctica del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y el traspaso de responsabilidades al gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, la cohesión política interna se ha quebrado, imposibilitando el consenso mínimo para emitir decretos electorales funcionales.
Perspectiva histórica
Para entender por qué Haití lleva 10 años sin celebrar elecciones nacionales (las últimas fueron en 2016), es necesario mirar las cicatrices de su accidentada historia política:
La Era de los Duvalier (1957–1986): Tres décadas de dictadura dinástica («Papa Doc» y «Baby Doc») que desmantelaron el andamiaje institucional y sustituyeron el voto por el terror de los Tonton Macoute.
El Fenómeno Aristide y Golpismo: Las primeras elecciones libres en 1990 llevaron al poder a Jean-Bertrand Aristide, derrocado meses después. Su posterior retorno y segundo derrocamiento (2004) instauraron la tutela de la ONU mediante la MINUSTAH.
La «Kakistocracia» y Michel Martelly: La llegada de Michel Martelly en 2011 debilitó los partidos tradicionales, abriendo paso a un modelo de gestión cuestionado que retrasó las elecciones parlamentarias, gobernando por decreto.
Jovenel Moïse y el abismo institucional: Elegido en los cuestionados comicios de 2016, Moïse enfrentó la caducidad de los mandatos del parlamento, dejando al país sin cámaras legislativas. Su magnicidio en julio de 2021 decapitó por completo el Poder Ejecutivo.