El partido opositor denunció la incorporación de 700,000 beneficiarios a los programas Aliméntate y Bonogás, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022. Según sus cálculos, la medida representa un costo anual de 8,196 millones de pesos para el Estado.
La Fuerza del Pueblo (FP) pidió este martes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al programa Supérate, para examinar las incorporaciones de beneficiarios, los desembolsos y los mecanismos de control. También pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investigar las actuaciones que pudieran tener relevancia penal.
El partido opositor denunció la incorporación de 700,000 beneficiarios a los programas Aliméntate y Bonogás, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022. Según sus cálculos, la medida representa un costo anual de 8,196 millones de pesos para el Estado.
La denuncia fue presentada por Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la FP, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la organización, y los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes.
Alburquerque explicó que la resolución dispuso la incorporación de 300,000 hogares al programa Aliméntate y otros 400,000 beneficiarios al Bonogás. Cuestionó que se incluyeran hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), cuya clasificación, según denunció, se realizaría después de su incorporación.
«¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar», expresó el dirigente opositor, quien sostuvo que el Siuben era el organismo legalmente facultado para identificar y categorizar los hogares pobres del país.
