Esta aclaración la hace en respuesta a la denuncia del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que asegura la licitación la hizo para priorizar la importación de calzados
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) aclaró la noche de este lunes que el proceso de adquisición de calzado escolar que desarrolla actualmente mantiene una participación mayoritaria de empresas fabricantes nacionales, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pliego de condiciones y la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Esta aclaración la hace en respuesta a la denuncia del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que asegura la licitación la hizo para priorizar la importación de calzados en perjuicio de la producción nacional, aparte de adquirir productos de baja calidad.
La institución precisó que la contratación se desarrolla bajo la modalidad de urgencia prevista en la normativa vigente, la cual permite adecuar los plazos de contratación a necesidades impostergables del servicio público, como es el caso de la utilería escolar, garantizando en todo momento la aplicación de los principios de transparencia, calidad, control y legalidad.
En cuanto a la estructura de participación, el Inabie informó que el proceso mantiene el esquema establecido en el pliego de condiciones, disponiendo que hasta un 80 % de las adjudicaciones corresponda a bienes de fabricación nacional y hasta un 20 % a bienes importados.
La institución explicó, a través de un comunicado de prensa, que la contratación tiene como objetivo garantizar la cobertura del programa de utilería escolar correspondiente al próximo año lectivo (2026-2027), asegurando la disponibilidad oportuna de los bienes destinados a los estudiantes del sistema educativo público.
Inabie recordó que el procedimiento busca suplir un faltante en las cantidades originalmente previstas para dicho programa, situación que se produjo tras la anulación parcial de un proceso anterior mediante una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en 2024.
En ese contexto, indicó que previo a la convocatoria del presente procedimiento fue necesario agotar una fase de reevaluación de los contratos observados, como parte de las actuaciones administrativas vinculadas al proceso anterior.