Hamlet Otáñez y el ingeniero Arturo Socías sostienen que el Gobierno conocía desde 2025 los riesgos de estrés hídrico y reclaman medidas, presupuesto y un cronograma para enfrentar la escasez de agua.
SANTO DOMINGO.–
La Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó la falta de planificación preventiva del Gobierno frente a la actual sequía y reclamó la ejecución inmediata de un Plan Nacional frente a la Sequía, con medidas concretas, responsables, metas, cronograma y recursos claramente identificados.
La posición fue expuesta en rueda de prensa por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento, y el ingeniero Arturo Socías, titular de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas, quienes advirtieron que la disminución de la disponibilidad de agua ya impacta los acueductos, la agricultura, la ganadería, el riego, los embalses y a miles de familias.
Otáñez afirmó que “el Gobierno conocía el riesgo” y recordó que desde 2025 existían advertencias y recomendaciones para fortalecer la preparación frente al estrés hídrico. Señaló además que el presidente Luis Abinader participó el 21 de agosto de ese año en Santo Domingo en un diálogo regional de la FAO sobre seguridad alimentaria e hídrica, celebrado dentro de una iniciativa para construir resiliencia en el Corredor Seco centroamericano y las zonas áridas de República Dominicana. La participación del mandatario y el contenido del encuentro constan en los registros de la FAO.
Pese a esas advertencias, la FP cuestionó que el Presupuesto General del Estado de 2026 no identificara una partida preventiva específica para afrontar una eventual sequía y sostuvo que tampoco la reformulación presupuestaria posterior creó un programa claramente diferenciado para ese propósito.
“El problema no es que deje de llover; el problema es que una sequía anunciada encuentre al país sin la preparación suficiente”, planteó Otáñez.
El dirigente reclamó una reserva financiera específica para pozos, bombas, tuberías, reparación de averías, tanques y abastecimiento de emergencia, además de un programa extraordinario para disminuir las pérdidas de agua provocadas por fugas y redes deterioradas.
Por su parte, el Ing. Arturo Socías advirtió que una sequía produce consecuencias mucho más severas cuando encuentra cuencas deterioradas por la deforestación, los incendios, la erosión, la extracción de materiales, la ocupación de riberas y la contaminación.
“Una cuenca degradada retiene menos agua, infiltra menos agua y regula peor los caudales”, sostiene el documento presentado por la organización.
Socías propuso reforzar la protección y restauración de las cuencas productoras de agua, combatir la extracción ilegal de materiales y los vertidos contaminantes, reparar canales y reservorios, coordinar el uso del recurso con las juntas de regantes y publicar semanalmente información sobre la cantidad y calidad del agua disponible.
La FP también llamó la atención sobre el proyecto multipropósito Monte Grande, inaugurado en enero de 2024, al señalar que todavía requiere componentes de conducción y riego para aprovechar integralmente el agua almacenada.
El INDRHI reconoció el pasado 2 de septiembre que los modelos meteorológicos proyectaban déficit de lluvias para septiembre-noviembre y que las condiciones de sequía meteorológica venían consolidándose desde meses anteriores. El organismo informó además que había comenzado a ajustar la operación de los embalses para priorizar acueductos y riego.
Para la Fuerza del Pueblo, esas actuaciones demuestran precisamente la necesidad de pasar de la administración de la emergencia a una política anticipada de prevención.
Otáñez resumió la posición de la organización con una advertencia: “El agua debe administrarse antes de que falte, no después de que la crisis ya esté en las casas de la gente”.
La FP insistió en que una sequía puede tener origen meteorológico, pero sostuvo que la falta de previsión puede multiplicar sus consecuencias sobre las familias, la producción agrícola y la economía nacional.