Las observaciones del Poder Ejecutivo se dirigieron específicamente a los artículos 6, 9 y 22 de la propuesta de ley.
El presidente Luis Abinader, devolvió al Senado el proyecto de ley del Ministerio de Justicia para que este órgano realice ajustes en algunos artículos, con el objetivo de mejorar la coherencia entre las funciones del Estado.
En la sesión del 25 de julio, el Senado convirtió en ley la normativa que busca reducir la carga administrativa de la Procuraduría General de la República, con la absorción de la gerencia de las cárceles y otra docena de dependencias.
La devolución se conoció en la sesión extraordinaria de este jueves, mediante una carta remitida por Abinader a Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta.
Las observaciones del Poder Ejecutivo se dirigieron específicamente a los artículos 6, 9 y 22 de la propuesta de ley. El propósito es clarificar aspectos fundamentales como la formulación de la política criminal del Estado y el alcance funcional del nuevo ministerio. La normativa, que el Senado convirtió en ley el 25 de julio, pretende reducir la carga administrativa de la Procuraduría General de la República al absorber la gestión carcelaria y de otras dependencias.
Sobre el artículo 6, sobre el objeto del Ministerio de Justicia, el mandatario aclaró que el diseño de la política criminal debe mantenerse como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Sugirió que el Ministerio de Justicia participe en la formulación de estas políticas, pero sin excluir a otras entidades estatales del sistema de justicia y respetando el artículo 169 de la Constitución.
En el artículo 9, relativo a las atribuciones, Abinader propuso ajustar el texto para incluir funciones como: «Coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública» y «coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos«. También enfatizó que la participación en la formulación de la política criminal del Estado debe ser conforme a las instrucciones del presidente de la República.
Para el artículo 22, el Ejecutivo sugiere reformular las atribuciones del Viceministerio de Políticas Públicas. Este deberá ayudar en el diseño de políticas estatales contra la criminalidad, pero «sin menoscabo de las funciones que corresponden a otros órganos y entes del Poder Ejecutivo, así como sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia».