También el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la Asamblea Nacional, que momentos después lo designó defensor del pueblo de manera temporal.
Saab estaba al frente de la fiscalía desde 2017. El abogado se dice un defensor de los derechos humanos, aunque la oposición le reprocha hacerse la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.
Abogaba por el regreso de Nicolás Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero y preso en Nueva York, donde se enfrenta a un juicio por narcotráfico. Condenó la incursión de Washington como ilegal y violatoria del derecho internacional.
El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, «mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república», leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.
Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.
Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz «en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo», indicó.
Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. «Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación», indicó durante la sesión.
Y acto seguido, la Asamblea Nacional votó por funcionarios encargados para sendos puestos.
Saab recibió la mayoría calificada y fue designado defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó previo a su paso de casi una década a la cabeza del Ministerio Público.
Y en su lugar, el abogado Larry Devoe fue votado como fiscal encargado.
Devoe es representante de Venezuela ante el sistema internacional de derechos humanos. Encabeza el estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.