El doctor Pablo Ulloa, postulante a Defensor del Pueblo, abogó por la aprobación de Ley de Protección de Víctimas y Testigos, a quienes consideró los grandes olvidados de la reforma procesal penal.
Consideró oportuno, que ahora que se está decidido a tener un nuevo Código Penal, repensar muchas de las prácticas generales desarrolladas en el sistema de justicia penal.
El sistema, agregó, da prevalencia al sujeto agraviante, al que trata de responsabilizar para determinar la sanción correspondiente, pero ignora a la víctima como ofendida.
“El país espera que a lo interno del sistema de justicia penal se adopten medidas trascendentales que permitan reequilibrar procesalmente el rol de la víctima como un sujeto a quien debe garantizársele una tutela judicial efectiva”, dijo el experto en políticas públicas.
Ulloa, quien tiene un doctorado en gobierno, planteó la imperiosa necesidad de que se proteja a los testigos, para evitar que su participación en el proceso penal se traduzca en una puesta en riesgo que desincentive el interés de la ciudadanía.
Insistió en que la vieja reforma centró sus esfuerzos en las garantías de los imputados y omitió crear las condiciones de reequilibrio procesal para garantizar la protección efectiva a las víctimas y brindar la asistencia necesaria a los testigos.
“No es posible que una víctima o un testigo deba realizar varios traslados a un tribunal para el conocimiento de una audiencia, poniendo en riesgo su estabilidad laboral o comprometiendo el tiempo que pueden dedicar a otros asuntos personales y familiares”,
En este sentido, abogó por que se apruebe la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, iniciativa trascendental para avanzar en el diseño normativo-institucional del Estado social y democrático de derecho.
Además, entiende que debe de crearse un mecanismo que garantice la tutela judicial efectiva de las víctimas.
“El protagonismo que la víctima debe alcanzar en el sistema de justicia penal estaría incompleto si no contase con los medios que le permitieran defender adecuadamente sus intereses. Esta ley necesariamente debe de contar con una instancia que pueda asumir la representación integral de quienes carezcan de recursos”, añadió.