Este sábado, tras el operativo policial, Boluarte declaró que espera que la atención de la prensa por lo que usa “no sea un tema sexista o de discriminación” y dijo que el allanamiento “afecta la gobernabilidad del país”.
Entre la noche de este viernes y madrugada de ayer sábado, la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, así como el Palacio de Gobierno, fue allanada por el Ministerio Público como parte de una investigación de corrupción en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito y la falta de declaración de propiedad de relojes Rolex de lujo. La mandataria califica el hecho como “desproporcionado y abusivo”.
El caso fue abierto el lunes 18 de marzo tras un informe del programa local La Encerrona, que publicó imágenes en las que supuestamente Boluarte luce relojes de lujo en eventos públicos.
La Fiscalía confirmó que inició sus diligencias preliminares contra la presidenta por los presuntos delitos del «uso de relojes de la marca Rolex”. Por otro lado, la Contraloría dijo que comenzó un proceso de recopilación y evaluación de las declaraciones de ingresos, bienes y rentas de la presidenta.
En su primera reacción a las investigaciones, Boluarte dijo a la prensa que lo que tenía era fruto de su trabajo y dijo que se trataba de un artículo “de antaño” que usa eventualmente.
Tras el allanamiento, que culminó este sábado, la Fiscalía no dio a conocer inmediatamente un informe sobre los resultados del operativo, pero un abogado de Boluarte afirmó a la radio RPP que los policías hallaron relojes en la habitación de Boluarte en el Palacio de Gobie.
“No se los llevaron, se constató y tomaron fotografías. Eran aproximadamente 10, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex», informó el abogado Mateo Castañeda.
Si la pesquisa judicial avanza, Boluarte solo respondería a un eventual juicio cuando culmine su mandato, después de julio de 2026, según dicta la Constitución.
Boluarte ya está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves», en un caso abierto el año pasado tras la muerte de más de 50 ciudadanos en las manifestaciones que atravesó el país entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
CNN