Petra Saviñón Ferreras
Justicia, derecho tan anhelado y pregonado pero tan enmarañado, tan ensuciado y violentado, materia de debates, de macroteorías y usado para sustentar el fin organizaciones no gubernamentales, espinoso tema que ahora como siempre sigue en el ruedo y divide opiniones y personas, jueces y Ministerio Público.
La sentencia dictada en el caso Yuniol Ramírez ha desatado las bocas y la ira de los procuradores Yeny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que acusan al Poder Judicial de actuar contra la lucha anticorrupción que afirman llevan desde esta nueva Procuraduría General.
Ambos querían más condenados y penas más drásticas para los que sí recibieron sanción y como dice el pueblo han dicho de to’ contra los magistrados que emitieron esas condenas pero como palabras traen contesta, han salido a responderles los juzgadores, ahora también casi imputados por las reacciones emanadas de estos dos funcionarios.
Como una cosa es la intención y otra la acción, todo ha de ser tomado con pinza de ambos extremos y así mientras de un lado Reynoso y Camacho condenan, cual jueces paralelos, que Manuel Rivas, acusado de robo al erario, quedara libre, los que lo descargaron aseguran que no había pruebas para una decisión distinta.
Mayor es la cosa, la propia familia de Ramírez denunció que el expediente estaba mal instrumentado e incluso culpó al propio Camacho de esta deficiencia.
Ahí más, los colegas de esos magistrados saltaron a defenderlos y a aclarar que no están para dar sentencias populistas, complacientes. Esto no ha de estar jamás en discusión.
El trabajo del Ministerio Público es investigar, hacer que sus evidencias sean convertidas en pruebas, y no pretender que los jueces les complazcan porque sí. Eso igual deben entenderlo los defensores de ese órgano investigador y hablar con los pelos de la burra en la mano.
Esto porque mientras los procuradores lamentan que la justicia obstruya su trabajo con la lentitud para conocer los casos, los jueces contestan que un cúmulo de factores está de por medio, como salas muy pequeñas, demora en llevar a los acusados a las audiencias por cuestiones como falta de vehículos y hasta de combustible, que muchas veces pagan los propio imputados e incluso falta de esposas.
Es bueno recordar que de la misma forma en la que hay denuncias sobre jueces corruptos también las hay de fiscales y que lo importante en el sistema de justicia es aportar las pruebas suficientes para lograr condenas, que deben ser emitidas desde los tribunales, no desde los medios de comunicación.