Nelson Encarnación
El autor es periodista
El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se sumó este jueves a quienes sostienen el criterio de que el Tribunal Constitucional incurrió en un desatino al derogar las disposiciones sobre candidaturas independientes a los puestos de elección popular.
Fernández expresó su desacuerdo con las candidaturas independientes, resaltando que “el papel de los partidos políticos en torno a la democracia es fundamental”.
“Hay que tener cuidado también respecto a fuerzas nocivas externas que pueden incidir con dinero, para personas que no son capaces de representar los debidos intereses del pueblo y ocupen cargo de elección; ese es el problema”, dijo Fernández.
Indicó que todos los partidos se han puesto de acuerdo, ya que los dirigentes políticos deben seguir jugando el rol de pilares de la democracia.
El líder político señaló que todas las candidaturas que busquen cargos de elección popular se deben canalizar a través de los partidos políticos.
El exmandatario afirmó que para enero del 2025 presentará ante la Junta Central Electoral (JCE) una serie de propuestas.
“Recuerda que la ley de partido y la ley de sistema electoral no han sido derogadas y esa ley establece el apoyo a los partidos políticos”, expresó.
Dirigentes políticos
Por su lado, el vocero de la FP en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, dijo que hay una injerencia directa del Tribunal Constitucional, y valoró el rol de la JCE.
“Nosotros pensamos que el gran rol lo tiene que tener la Junta Central Electoral, investigando a cada candidato independiente, de dónde provienen los fondos, qué tipo de persona es, hacer un saneamiento interno de esa persona”, expresó Castillo.
Mediante una acción directa incoada por el abogado Alberto Fiallo, la sentencia TC-0788-24 declaró no conformes con la Constitución los artículos 152 y 157 de la ley 20-23 de Régimen Electoral.
Esos artículos manifestaban que, para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido.