Establece además la prohibición absoluta de que servidores públicos negocien con el Estado
Este miércoles entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que endurece el régimen de consecuencias contra la corrupción en las compras del Estado y establece penas de prisión de hasta 10 años para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en prácticas ilícitas.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la nueva ley permitirá un sistema de compras más moderno, transparente y eficiente, con consecuencias reales.
El funcionario destacó que la prohibición absoluta de que servidores públicos negocien con el Estado, sumada a penas de hasta diez años de prisión en casos de soborno o tráfico de influencias, coloca al país a la altura de los estándares internacionales en materia de prevención de la corrupción.