Rafael Ramírez
Una reforma fiscal es un proceso o una disposición que modifica la legislación impositiva. Al hablar de tributación, se hace referencia a los impuestos que las personas, empresas u organizaciones deben pagar al Estado por distintos aspectos.
Por ejemplo: Tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a cabo una actividad, etc. Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del Estado; con los cuales deben de ser destinados a realizar inversión social y de infraestructura, pagar sus gastos administrativos, etc.
Al hablar de reforma fiscal en el país enseguida crea temor, incertidumbre, pánico… y no debe ser así, pero es la experiencia que hemos tenido en la historia impositiva de nuestro país, a través de la cual no se ha resuelto nada, al contrario, hemos ido en retroceso y vemos como nuestro salario se ha ido reduciendo producto de la mala orientación que se le ha dado a las supuestas reformas fiscales que hemos vivido.
Durante los últimos 12 años se han aplicado seis reformas fiscales, que en el caso de nuestro país implican nuevos impuestos y/o incrementos de tasas impositivas; en promedio, una reforma fiscal cada dos años. Sin embargo, no han sido suficientes todas las medidas e incrementos de impuestos para financiar un gasto público cada vez mayor.
Para que una reforma fiscal sea efectiva debe cumplir por lo menos tres objetivos fundamentales: El primero es sin duda, fortalecer la capacidad del Estado dominicano, para que este pueda llevar a cabo sus objetivos: educación, salud e infraestructura que nos lleven al crecimiento.
Segundo, para tener un sistema más justo, un sistema donde paguen los que ganan más y contribuyan más al gasto público. Y tercero realizar una reforma que nos dé más competitividad y eso tiene que ver con tener un sistema tributario más simple, un sistema que le cueste menos a las empresas y clase trabajadora.
Estoy muy claro que contribuir a las cargas públicas es un deber constitucional de todo ciudadano, pero estos deben ser en proporción a su capacidad contributiva, y a la vez estos sacrificios económicos han de ser revertidos en protección social, cumpliendo con el principio de universalidad para beneficiar sin discriminación de ningún tipo a todos los ciudadanos y ciudadanas, bajo el criterio de que los recursos humanos constituyen la mayor riqueza de nuestra nación.
Hay que ser muy claro, mientras no se revise a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el Gobierno, y mientras no se corrijan los excesos y defectos en materia de dicho gasto, poner más recursos en manos de los burócratas sería tanto como echarle dinero a un barril sin fondo, algo que, quienes aportamos esos recursos, no debemos permitir. La reforma fiscal, o es primero presupuestaria, y solamente después tributaria, o no será la correcta.