Un año después del multitudinario asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021, centenares de procesos tanto judiciales como políticos siguen buscando a los culpables materiales e intelectuales de lo sucedido, estrechando cada vez más el cerco sobre el expresidente Donald Trump.
Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos en esa jornada; y por otro, el proceso político abierto en el Congreso de EE.UU. contra personas de la órbita del exmandatario.
Hasta la fecha, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas, residentes a lo largo y ancho de EE.UU., por delitos que van desde atacar físicamente a policías hasta impedir el ejercicio de sus funciones, pasando por destruir propiedad del Gobierno y entrar en un edificio de acceso restringido.
“Entrar al Capitolio sin permiso es una acusación muy menor, pero la violencia física puede conllevar varios años de prisión, especialmente si es contra un agente de la Policía del Capitolio”, dijo a Efe el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York Stephen Gillers.
A juicio de Gillers, de todos los distintos cargos contra los acusados, este es el que puede conllevar las sentencias más duras.
De hecho, la mayor condena emitida hasta la fecha -dada a conocer el pasado 17 de diciembre- fue precisamente por este motivo, y recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y que fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.
Aunque las detenciones se están produciendo en todos los rincones el país (las ha habido en la propia capital, Washington, y en estados tan lejanos como Minesota, Alaska y Hawái), todos los acusados cuyos casos terminen en juicio tendrán que pasar por el Distrito de Columbia, al ser el lugar donde se produjeron los hechos.
“El juicio ocurre donde tuvo lugar el crimen. Ahora bien, si el acusado se declara culpable -es decir, no va a juicio- y no se encuentra físicamente en Washington, la sentencia puede producirse en cualquier otra parte del país”, aclaró Gillers.
Agencias