La alternativa es continuar la lucha por una reforma fiscal en favor de los/as pobres y sectores medios.
Narciso Isa Conde
El autor es revolucionario socialista, político, escritor
La contrarreforma de Abinader fracasó estrepitosamente. El rechazo popular al paquetazo disfrazado de modernización fiscal, fue aplastante.
A punto de desatarse altos niveles de movilización social, con perspectivas inmediatas de una gran huelga general, Abinader optó por retirar su proyecto de ley. El pueblo lo derrotó antes tomar las calles y lo celebró en las calles
De todas maneras, la crisis tiende a agravarse (déficit fiscal, deuda pública onerosa, deuda social insoportable) y solo puede ser contrarrestada si los daños causados lo pagan quienes la han creado y se han beneficiado de ella: los integrantes de la clase dominante-gobernante,
Esta crisis solo puede ser revertida, si se opta por defender a los pobres y a todos los sectores golpeados por la explotación, la exclusión social y la voracidad de los poderosos que, por demás, es lo justo y aceptable en materia de reformas.
Está cada vez más claro: reformar el sistema de impuestos y el gasto público en favor de los pobres y sectores medios de bajos y moderados ingresos… exige hacerlo a costa de oligarquía capitalista, de sectores altamente enriquecidos, de la cúpula corrompida de la partidocracia y las mafias empresariales, policiales y militares.
La lucha continua y con el propósito de contribuir a encauzar por la ruta de los cambios más urgentes proponemos estas 20 medidas alternativas:
1.-Establecer altos impuestos escalonados a las grandes ganancias de las corporaciones financieras, comerciales, mineras, turísticas e industrias ensambladoras.
2.- Valorizar en participación, acciones y pagos obligatorios, el capital natural de la nación, consistente en las riquezas del suelo, subsuelo y sobre-suelo del país (tierras, bosques, playas, mar, aire, minas, fuentes de agua), incorporadas a proyectos empresariales productivos y comerciales. Impedir todo lo que implique privatización del recurso agua mediante las leyes minera, APP, Fideicomisos, Ordenamiento Territorial y agua.
3.- Recuperar con celeridad lo usurpado y/o robado al Estado y cobrar los pasivos ambientales provocados y adeudados por las empresas mineras, de agregados, turísticas y forestales.
4.- Eliminar los financiamientos a los partidos políticos vía JCE. Eliminar el barrilito, las exoneraciones de vehículos y otros privilegios congresuales. Limitar los gastos en publicidad y en eventos de promoción estatal, a lo estrictamente necesario y suprimir los subsidios a fundaciones y entidades privadas vinculadas a negocios privados.
5.- Derogar todos los incentivos vencidos a corporaciones privadas y aquellos asignados a empresas con alta rentabilidad y estabilidad financiera.
6.- Reducir en el sector público los sueldos e ingresos personales más altos que los asignados al presidente de la república.
7.- Realizar una auditoría a la deuda pública (externa e interna) para determinar la legitimidad de los préstamos a pagar y proceder a su renegociación de la deuda con los acreedores; procurando así más disponibilidad presupuestaria para fortalecer la inversión pública en programas sociales y empresas productivas.
Fortalecer a la vez la relación del país con los organismos multilaterales regionales y mundiales y los estados promotores de la multipolaridad, con especial atención al ALBA, a los BRIC-PLUS y a las potencias emergentes que lo integran; en interés de alcanzar la más alta colaboración técnico-financiera y las mejores condiciones en materia de financiamiento externo, incluidos préstamos solidarios.
8.- Superar aceleradamente la enorme evasión ilegal y trucos legales de negocios y empresas privadas instrumentados para no pagar impuestos al consumo, a las rentas corporativas, a las grandes fortunas inmobiliarias y aranceles de aduana.
9.- Eliminar de inmediato las ARS y AFP privadas, fortalecer SENASA y su carácter social; crear una AFP socialmente gestionada y aumentar por ley los aportes estatales y del sector privado a la seguridad social. Esto puede hacerse en el marco de la reforma al sistema de seguridad social.
10.-Erradicar progresivamente el latifundio, comenzando por aplicar las leyes agrarias vigentes, para contrarrestar la pobreza campesina, superar la ilegalidad y la concentración en la posesión de enormes extensiones y traspasarlas a quienes la trabajan.
11.- Regular el mercado interno y las importaciones, procurando eliminar monopolios y oligopolios que lo manipulan a su favor.
12.- Establecer protecciones a las industrias nacionales en función de su integración al mercado interno y su capacidad de agregar valores a sus ventas nacionales y a sus exportaciones; favoreciendo incluso las empresas de zona franca que procesen materias primas e insumos nacionales y se integren al mercado nacional.
13.-Garantizar precios justos a los productores nacionales y a los consumidores, estableciendo márgenes de ganancias apropiados y eliminando progresivamente la intermediación especulativa. Regular los precios y estándares de calidad de los insumos agrícolas que tanto gravitan sobre la carestía de los productos del sector.
14.-Diseñar un presupuesto que garantice mayores asignaciones para las inversiones destinada a obras de infraestructuras, empresas productivas, servicios públicos y programas sociales; disminuyendo a la vez el gasto corriente superfluo, la hipertrofia burocrática y el dispendio administrativo.
Aumentar y especificar el uso de los presupuestos de salud, educación, medio ambiente, mujer, juventud, justicia y cultura; y reducir los de la presidencia y fuerzas armadas.
15.- Reestructurar la canasta básica familiar, liberarla de impuestos al consumo y reducir progresivamente otros impuestos indirectos (ITBI), sustituyéndolo por impuestos directos a las grandes ganancias y fortunas capitalistas, y al consumo de lujo.
16.-Auspiciar aumentos y reajustes progresivos y escalonados de salarios que, en los niveles más bajo de la escala del estado y el sector privado, garanticen, en el corto y mediano plazo plazo, ingresos que cubran el costo de la canasta básica familiar y disposiciones que contrarresten la pérdida del poder de compra de salarios y sueldos. Procede, por tanto, establecer mecanismos que periódicamente compensen la reducción del salario real a consecuencia de la carestía.
Es de justicia, en cuanto a la relación género-salario, ponerle fin a la discriminación entre hombre y mujeres, garantizando igual salario por igual trabajo. También lo es, eliminar el trabajo infantil y establecer un programa de soluciones al enorme desempleo juvenil y la dramática deserción escolar
17.-Garantizar por ley la participación de los trabajadores en los beneficios de las grandes empresas financieras, comerciales, mineras, turísticas, informáticas…
18.-Eliminar todo pago anticipado de impuesto y el cobro del impuesto de aeropuerto al ciudadano/a dominicano/as, como si se tratara de un extranjero.
19.-Exonerar el pago del IPI a toda vivienda con un costo menor de 10 millones de pesos.
20.- Reformar la ley de cine de manera que, sin afectar el necesario respaldo financiero a esa importante expresión del arte nacional y los significativos niveles de empleo y de expansión alcanzados, se eliminen las onerosas concesiones a corporaciones privadas en materia impositiva, se determinen fuentes de financiamientos alternas y se promueva una producción cinematográfica de mayor calidad.
La victoria obtenida tiene un valor trascendente. Ella evidencia que estas instituciones están empantanadas y que el sistema está siendo cada vez más cuestionado. Gobierno, congreso y partidos dominantes han recibido un enorme rechazo.
Este sistema, su institucionalidad y sus bases constitucionales no le sirven al pueblo y a sus sectores oprimidos, menospreciados y discriminados.
Procede, por tanto, fortalecer además la conciencia política colectiva sobre la necesidad de transformaciones estructurales, asumiendo la pertinencia de un proceso constituyente y la propuesta política de una Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Participativa, electa por el pueblo, para dotar al país de una nueva institucionalidad y nueva una constitución, inspirada en la de 1963.