Para Amnistía Internacional el gobierno dominicano viola los derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas. por lo que instó a frenar ‘sus políticas’
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, en una «carta abierta» dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
Amnistía Internacional, es apoyada por otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250.000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional», afirmó en un comunicado, en relación a esta «carta abierta», dice Piquer.
Estas expulsiones colectivas «son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, apuntó para la agencia EFE.
“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”, agregó Piquer.
En la carta se destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.
Las organizaciones firmantes llaman a las autoridades a garantizar que las personas haitianas tienen acceso a procedimientos de asilo, sin discriminación, y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país.