Redacción elDigital.com.do
La nueva legislación comenzará a ser aplicado a partir de agosto del 2026.
El presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, sustituyendo el régimen jurídico que rigió desde 1884, luego de su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, el pasado jueves. El nuevo código comenzará a ser aplicado a partir de agosto del próximo año.
De esta forma , con el respaldo de los principales partidos políticos, el país logra una reforma sustancial que actualiza una normativa penal de 141 años.
La nueva legislación fortalece la lucha contra la corrupción administrativa, al extender los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables para ejercer funciones públicas.
Asimismo, se amplían los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores y personas en situación de vulnerabilidad, hasta 30 años contados a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad
El Código Penal que entrará en vigencia en 2026 tipifica nuevos delitos, como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, así como todos los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, dolo eventual, culpa consciente, daños por dopaje, autosecuestro, falsa denuncia y obstrucción de justicia. También se aumenta la pena por violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
Aumenta las penas de prisión: hasta 40 años, y en casos de concurso de infracciones graves, hasta 60 años.
Además, incorporación de medidas sociojudiciales, como vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social de los infractores.
Contempla además responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permite sancionar a empresas por delitos cometidos por sus representantes o por negligencia institucional y órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género, intrafamiliar y cualquier otra forma de agresión que atente contra su integridad.