Petra Saviñón Ferreras
Esta segunda parte del artículo anterior llega a dejar asentados procedimientos de la Procuraduría General de la República en cuanto al suministro de información a los medios de comunicación.
En la pasada entrega referí el homicidio de la odontóloga Lida Amell Bogaert, acaecido en el Distrito Nacional y por tanto, facultad de la fiscalía de esa demarcación.
Eso, no obstante, no significa que todo el manejo de expedientes es absoluto de esa entidad en todas las situaciones y esto incluye las notas de prensa emitidas.
Ocurre que esas noticias son despachadas desde la sede de la Procuraduría, porque una disposición interna así lo establece con esa fiscalía y con las de todo el país.
De esta manera queda consignado que el flujo o filtración de esos detalles recae de modo exclusivo en el órgano rector, que decide cuándo y cómo las distribuye y a veces a quién y con qué fin y el influjo también.
Más abarcadora aún, esa acción es extendida hasta la indagación misma de los hechos, como el de David de los Santos Correa, para el que la procuradora Miriam Germán Brito designó la investigación a su adjunta Yenny Berenice Reynoso Gómez.
Lo mismo con la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, esa funcionaria fue encargada de mediar y del interrogatorio.
Claro que la fiscal Rosalba Ramos tuvo participación, pero no exclusiva ni principal, quizás más tarde sí la tenga.
Pero el tema que nos atañe es el de la comunicación. Lo que quiero establecer es que aunque un hecho haya sucedido en una demarcación, no significa que los detalles los dará el titular del Ministerio Público en la zona.
No, hace rato que ya no es así, que toditas las notas de todito el país las manda el equipo de la Procuraduría.