En una operación conjunta ejecutada en la provincia La Vega por miembros del Ministerio Público, Impuestos Internos (DGII) y la Policía Nacional, se arrestó a un hombre vinculado a la comercialización de ron ilegal y se confiscaron más de 6 mil botellas de alcohol y más de 3,536 unidades de cigarrillos de contrabando.
El detenido es Pablo Antonio Tejada Restituyo, quien fue sorprendido comercializando más de 13 cajas de botellas de ron por separado, sin estar registrado ni contar con licencia oficial de productor de alcohol ante la Dirección General de Impuestos Internos, incumpliendo el rigor establecido en el artículo 376 de la Ley 11-92 sobre Delitos Tributarios.
Mediante un comunicado de prensa, se informó que contra Tejeda Restituyo el Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega que le sea impuesta como medida de coerción prisión preventiva por la presunta violación de la referida Ley 11-92, la Ley General de la Salud No. 42-01 y la Ley la Ley No. 34-89 que sanciona el contrabando.
En torno a los operativos, la información detalla que fueron allanados nueve colmados, logrando la incautación de más de 150 cajas de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas.
De igual manera, indica que se procedió con la incautación de más de 250 cajas de ron cuya finalidad se presume que era la exportación, representando más de 6,000 botellas de alcohol que estaban próximas a ser comercializadas en el país de manera ilegal de acuerdo con lo establecido en los artículos 236 y 237 de la Ley 11-92 sobre Delitos Tributarios.
Indica que los allanamientos fueron practicados por el fiscal Joselito Cuevas, de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud, fiscales del Departamento Judicial de La Vega y miembros de la DGII y de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.
Las autoridades destacaron que han redoblado los esfuerzos en su lucha contra la evasión y el ilícito de alcoholes y tabacos. Manifestaron que la estrategias implementadas por el Ministerio Público, la Dirección General de Impuestos Internos y Policía Nacional buscan mitigar las prácticas ilegales de elaboración, comercialización y producción de productos sujetos a tributos, sin que éstos hayan obtenido los permisos correspondientes, lo cual está tipificado como un delito tributario de acuerdo con el artículo 240 de la Ley 11-92.